Esta semana la Presidenta Michelle Bachelet anunció el proyecto de presupuesto para el 2016, que representa un aumento de más de un 4% sobre el del 2015. La discusión ya comenzó en la prensa, antes de que llegue al mismo Congreso que lo debatirá.
Se comenta si es suficiente o excesivo, si es austero o no lo es, temas importantes pero que no atacan el fondo del problema. Cuando de presupuesto y gasto público se trata, lo clave es saber si hay un uso adecuado o no de los recursos siempre escasos, si la inversión procura una mejor vida en sociedad o sólo es despilfarro de dinero, si hay justicia en sus objetivos y medios, o bien se privilegia la ideología y la arbitrariedad. Eso es precisamente lo que está en juego hoy.
Una de las principales propuestas se refiere a la supuesta gratuidad educacional en la educación superior, una lamentable iniciativa que es mezcla de improvisación y discriminación arbitraria hacia los más pobres. Solo algunas instituciones, solo algunos alumnos y por solo algunos años tendrán el beneficio de una gratuidad que no es tal. Esta regresión es peligrosa y los supuestos bienes que provoca no logran superar los males que promueve.
El Estado, el gobierno en este caso, es un administrador de recursos que no le pertenecen, sino que son de las personas. A ellos deberían dirigirse los beneficios sociales del gasto público, que tiene muchas cosas que potenciar: colaborar para terminar con los campamentos, mejorar efectivamente la salud a la que acceden los más pobres, reconstruir las zonas dañadas por los desastres naturales. En educación, además, potenciar las universidades regionales, asegurar que cada niño de enseñanza básica lea bien, tener una formación técnica de calidad, que los más vulnerables reciban una educación superior sin trabas económicas.
Todo esto se inscribe en un proceso mayor de recuperación económica: es prioridad que la economía vuelva a crecer al 4 ó 5%, lo que significaría enormes recursos para el país; es necesario estimular la iniciativa privada y cuidar la generación de fuentes de trabajo y evitar el aumento de la cesantía. En definitiva, es urgente promover las bases del progreso social, con un Estado justo y un sector privado como motor de desarrollo. 

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